La Reclamación Patrimonial permite exigir a la Administración Pública la indemnización por los daños que haya causado por un funcionamiento incorrecto de sus servicios. 

En nuestro despacho te asesoramos y defendemos cuando has sufrido perjuicios por actuaciones de ayuntamientos, comunidades autónomas, servicios sanitarios, cuerpos de seguridad, administración educativa, obras públicas u otros organismos.

Nos encargamos de analizar la viabilidad del caso, recopilar pruebas, redactar la reclamación administrativa, negociar con la Administración y, si es necesario, presentar recursos contencioso-administrativos y demandas judiciales. 

Defendemos tus derechos frente a multas, sanciones y procedimientos administrativos iniciados por ayuntamientos, comunidades autónomas, organismos estatales y demás entes públicos. 

Te asesoramos desde el primer momento, revisando la legalidad del procedimiento, los plazos, la prueba practicada y la correcta aplicación de la normativa vigente.

Gestionamos el asunto buscando la anulación de sanciones injustas, desproporcionadas o mal fundamentadas. 

Tanto si se trata de sanciones urbanísticas, medioambientales, de tráfico, sanitarias, de consumo o de cualquier otro ámbito, ofrecemos un enfoque técnico, estratégico y orientado a obtener el mejor resultado para ti.